‘La investigación del caso Iguala, está anquilosada’: abogado de los 43

CIUDAD DE MÉXICO. El abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace siete años en Iguala, Guerrero, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que la investigación del caso está “anquilosada”.

En entrevista por el séptimo aniversario de la desaparición de los estudiantes a manos de las corporaciones policiacas de los municipios de Iguala, Cocula y Huitzuco, y del grupo delincuencial de Guerreros Unidos, Rosales Sierra lamentó el desarrollo de las indagatorias.

No está teniendo el dinamismo que nosotros esperábamos”.

Hoy viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá en Palacio Nacional a los padres de los normalistas, con motivo del séptimo aniversario de la desaparición, que se cumple el próximo domingo 26; y en este contexto, el abogado de los padres de los normalistas mencionó:

Ojalá que en la reunión con el Presidente podamos tener un diálogo que ayude a que las investigaciones tengan más dinamismo y avancen de manera más pronta, poque si vamos a continuar así, vamos a llegar a un desgaste en la relación entre el gobierno y los padres”.

El martes pasado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el fiscal Omar Gómez Trejo, se presentaron en un pareje de la Barranca de la Carnicería, a 800 metros del mítico basurero de Cocula, donde la llamada verdad histórica de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) informó en noviembre de 2014, que se había calcinado a un grupo de los normalistas.

Los funcionarios ofrecieron ahí versiones respecto a que se “sembraron” pruebas para sustentar la verdad histórica de la PGR, aunque aún no presentan información concluyente de su investigación; y enfilan la información recabada en estos tres años de que al menos un grupo de los estudiantes fueron calcinados, insistiendo que eso no ocurrió en el basurero de Cocula, sino en varios sitios.

Con en ese contexto, Vidulfo Rosales hizo un resumen de cómo, según su punto de vista, marcha el caso en que las autoridades buscan darle a los padres una después de dónde quedó el paradero de sus hijos y ellos a su vez esperan saber qué pasó la noche del 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente de hace siete años.

Yo creo que el movimiento continúa, se mantiene firme por los 43. La vigencia de la demanda de la presentación con vida de los estudiantes sigue plena”, dijo Rosales, que puntualizó: “El movimiento se ha afectado seriamente por la pandemia (de covid-19); no se ha podido reactivar y fortalecer la articulación que se tenía”.

De acuerdo con el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos, “el movimiento atraviesa por un momento complicado; y bueno, efectivamente, el gobierno, con limitaciones, con claroscuros. Por un lado, hay una voluntad política clara del presidente Andrés Manuel López Obrador de que se conozca la verdad. Se han logrado avances al día de hoy, porque se han logrado encontrar restos, muchos retos, las búsquedas han dado resultados concretos y ha habido identificación de al menos dos estudiantes”.

En concordancia con la más reciente declaración del fiscal Gómez Trejo, en la Barranca de la Carnicería, Rosales Sierra mencionó sobre esos resultados:

Hay órdenes de aprehensión ejecutadas; hay altos funcionarios detenidos, como el capitán (José) Martínez Crespo, (Carlos) Gómez Arrieta; está la orden de aprehensión, trabada, pero está ahí, contra Tomás Zerón de Lucio, sí tenemos avances, esos avances deben reconocerse, no se pueden soslayar.

Pero por el otro lado, —sigue la declaración de Vidulfo Rosales—, pues si, ya son tres años con todo un aparato estatal, con toda una política del Presidente, con un diálogo directo con él; sí consideramos que son mínimos estos avances. De acuerdo a las expectativas de los padres se esperaba más, sin embargo, se tiene muy poco, es lo que podemos tener”.

Rosales Sierra dijo que en estos siete años de haber ocurrido la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la salud de los padres es un punto débil. “Es el talón de Aquiles del movimiento; hay una salud muy demeritada; tenemos padres de familia grandes, con muchas enfermedades crónico-degenerativas que se han deteriorado en estos años, se han acelerado de manera exponencial por las consecuencias propia desaparición, y el impacto que esto genera; el dolor que tienen los padres de familia hace que haya una afectación directa que impacta a su salud, lo estamos notando.

El deterioro que pudieron haber sufrido los padres en 15 años lo han tenido en este tiempo; tú ves a una madre, que la mirabas hace siete años, y hoy la ves como si tuviera el doble de edad, el doble de complicaciones, es muy triste, lamentable lo que se está viviendo”.

Recordó que Bernardo Campos —“muy emblemático y comprometido”—, padre de José Ángel Campos Cantor, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, murió a principios de mes. Y antes el fallecimiento del padre de Saúl Bruno García, Saúl Bruno. “La desaparición y el no saber nada ha impactado en la salud de muchos padres. Es muy doloroso que se estén muriendo sin conocer la verdad”, dijo el abogado.

Además, recordó el caso de Aldo Gutiérrez, que la noche del 26 de septiembre de 2014, en una de las refriegas, recibió un balazo en la cabeza, que desde entonces lo mantiene en estado vegetativo.

Es muy triste, lo fui a visitar hace poco, no hay expectativa de un progreso, claro que la familia lo ve y cuando nota ciertas reacciones que hace Aldo, le da esperanzas a la familia, pero finalmente sigue en ese estado vegetativo; siete años han implicado mucho desgaste, dolor, sufrimiento; verlo ahí en la cama, es algo muy doloroso”.

Vidulfo Rosales hizo el siguiente análisis de cómo están las cosas en el caso Iguala:

Veo una investigación anquilosada; veo una investigación que de vez en cuando se mueve y luego encuentra baches y en esos baches tardamos. Veo una institución armada del Ejército mexicano con muy poca colaboración, un gobierno con una buena relación con las Fuerzas Armadas y a partir de esa relación tampoco se quiere poner el dedo ahí en ese punto; no se ponen los puntos sobre las íes, y creo que hay que ponerlos, pero parece que no, porque es una institución con la que se tiene buena relación; desde la perspectiva del gobierno no se debe presionar por ese punto, por esa parte, me parece una situación delicada, esa es mi perspectiva, es como yo lo veo.

Por el otro lado veo una fiscalía igual; sí, el fiscal especial muy comprometido, muy profesional, haciendo bien su trabajo pero no encuentra acompañamiento de toda la institución; si el fiscal tiene 40 órdenes de aprehensión y estas órdenes no se pueden ejecutar, está pasando algo; ahí tenemos problemas, si no se pueden ejecutar las órdenes de aprehensión porque otra área de la Fiscalía General de la República no lo hace, ya tenemos 6 meses con eso, pues ahí está pasando algo, la institución no camina al parejo de lo que demanda el caso Ayotzinapa”, concluyó.

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