Hasta ocho años de prisión a quien compre vapeadores
El proyecto fue recibido la noche del jueves en San Lázaro
La Cámara de Diputados recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar la Ley de Salud que, entre otras cosas, establece penas de hasta ocho años de cárcel a quienes adquieran, vendan o promuevan el uso de vapeadores en México.
“Se establecen sanciones de entre uno y ocho años de prisión por la adquisición, preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, transporte con fines comerciales, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de cigarrillos electrónicos y vapeadores”, señala el proyecto recibido la noche del pasado jueves en el recinto legislativo de San Lázaro.
También prevé hasta 8 años de prisión a quienes realicen actos de publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como multas económicas que alcanzan dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La iniciativa presidencial establece las leyes reglamentarias de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado, por la que quedó prohibida la venta y consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Además de dichas disposiciones, el proyecto establece nuevas reglas para la compra de medicamentos, con el objetivo de abatir el rezago en la entrega de medicinas.
Para ello, se fortalecerán las atribuciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyas autoridades tendrán la facultad de simplificar y acelerar sus trámites “de tal forma que exista un marco jurídico que permita al sector privado el cumplimiento eficaz de las regulaciones”.
De la misma manera, se incorpora la regulación de los “hemoderivados”, para que sea posible regular la producción de estos insumos para la salud en territorio nacional, como una forma de impulsar el campo de la investigación; se realiza la simplificación de los comités vinculados a la aprobación de protocolos de investigación, y se incorpora a nivel de ley que la Secretaría de Salud estará obligada a promover en los procedimientos de contratación consolidada de medicamentos, dispositivos médicos, y demás insumos para la salud, la participación de personas físicas o morales que acrediten contar con inversión en la cadena de producción de medicamentos.
